Quiere seguir con "jugoso negocio" cuñado de Salinas de Gortari

No cabe duda que el ex presidente Carlos Salinas, tiene grandes tentáculos para hacer millonarios negocios utilizando toda su parentela en detrimento de los bienes de la nación y de los estados.



La diputada Dolores Padierna Luna denunció que la edificación de un nosocomio que se canceló en 2014 durante el gobierno del ahora ex gobernador, Mario López Valdez, en Sinaloa, por protestas ciudadanas, representaba un “jugoso negocio”, para el cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien como se sabe, se casó en segundas nupcias con Ana Paula Gerard. Todo ello avalado por el también ex primer mandatario Enrique Peña Nieto, según se precisó, quien lejos de oponerse, "cerro los ojos".

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Carlos Salinas y su esposa, Ana Paula Gerard.

En suma era entregar más de 239 millones de pesos anuales del presupuesto para salud el cuñado de Carlos Salinas, Hipólito Gerard, quien todavía tiene la desfachatez de interponer diversas demandas, según precisó.

Para la legisladora Padierna, el cuñado del ex presidente Salinas con la construcción del Hospital General de Mazatlán, hubiera quebrado el sistema de salud pública de Sinaloa

La empresa GIA+A, S. A. de C.V. está exigiendo a la Secretaría de Salud de Sinaloa, una indemnización de 5 mil 600 millones de pesos.

Cuñado de Carlos Salinas, Hipólito Gerard, quien interpuso demanda millonaria.

Malova hizo la edificación y posterior operación bajo un esquema de contrato de asociación público-privada, formato que comprometía al gobierno de Sinaloa a través de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Po su parte la sinaloense y presidenta de la Comisión de Salud, Guadalupe Iribe Gascón, expuso que las condiciones ampliamente desventajosas para Sinaloa, tanto la obra como el contrato de asociación pública-privadas fueron suspendidos y las instalaciones en construcción fueron donadas al Ejército Mexicano, quien ahora opera el Hospital Militar de Mazatlán.

Informó que la decisión de suspender la obra derivó en una demanda por parte de la empresa GIA+A contra el gobierno estatal y los Servicios de Salud, a quienes reclama el pago de una indemnización por 5 mil 600 millones de pesos.

La legisladora recalcó que el juicio aún está vigente, sobre el cual se han seguido diversos procesos judiciales, incluso en tribunales internacionales (Ariel Velázquez).

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