Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla busca eliminar el fuero de los servidores públicos de ese estado, por lo que envió al Congreso Local una iniciativa en este sentido, con el argumento de que esta es una medida para acabar con la impunidad y los privilegios de los funcionarios.
El Congreso ya no podrÃa declarar si los funcionarios son culpables o no
-Esta propuesta de reforma a la constitución hecha por Miguel Barbosa, considera la extinción de dicha figura para el propio gobernador del estado, los diputados locales, el auditor superior, asà como para los magistrados y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial en el estado de Puebla.
El gobernador de puebla afirmó que la existencia del fuero fue lo que generó impunidad y permitió el aumento de los casos de abuso por parte de la autoridad, asà como el peculado, el tráfico de influencias, entre otros.
Esta mañana envié al @CongresoPue una iniciativa de Ley para eliminar el fuero de todos los servidores públicos en la entidad. Esta propuesta es una medida para acabar con la impunidad y los privilegios que crecieron sin medida en administraciones pasadas.— Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) February 6, 2020
Si la iniciativa de Barbosa es aprobada, con la eliminación del fuero, los servidores públicos del estado de Puebla podrán ser sujetos a proceso penal durante el perÃodo de su encargo por la comisión de cualquier delito, aplicando incluso para el propio gobernador.
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De esta manera, la autoridad judicial podrá ordenar prisión preventiva oficiosa por la comisión de los ilÃcitos considerados en el artÃculo 19 de la Constitución mexicana, entre los que se enlistan: delincuencia organizada, homicidio doloso y feminicidio.
Además de estos, también se contemplan los delitos de violación, secuestro, uso de programas sociales con fines electorales y corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilÃcito y ejercicio abusivo de funciones debido a un cargo público.
Cuando los ilÃcitos no estén contemplados dentro de ese artÃculo de la Constitución, el órgano judicial competente podrá dictar la medida cautelar de separación del cargo.
La propuesta también contempla retirar la facultad del Congreso local para declarar si los funcionarios públicos son o no culpables de los delitos que se les imputan.
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