La pandemia del coronavirus ha dejado ver lo limitada que es la capacidad de algunos gobiernos para convencer a sus sociedades de cumplir con las medidas de distanciamiento social, pero casos extraordinarios como el de Colombia han demostrado que cuando la fuerza del Estado no es suficiente, el crimen llega para poner las cosas en orden.
Grupos armados contra el coronavirus en Colomba
-Pese a que el gobierno colombiano impuso fuertes medidas de encierro desde marzo, incluyendo toques de queda, la gente sigue saliendo de sus casas para realizar actividades esenciales y no tan esenciales, por lo que nos cárteles del narcotráfico han comenzado a implementar medidas más duras y a veces letales.
De acuerdo con reportes, los cárteles colombianos han amenazado a los residentes de 11 de los 32 estados del país que hombres armados asesinarán a cualquier que desobedezca las restricciones para combatir la pandemia.
Los grupos armados ilegales han impuesto un régimen del terror en al menos once regiones de Colombia aprovechando la crisis del coronavirus para cometer todo tipo de abusos contra la población civil, según un informe presentado este miércoles por la o… https://t.co/ftAyxavUJJ— ABC Internacional (@abc_mundo) July 16, 2020
De acuerdo con un reporte de Human Rights Watch (HRW) sicarios de varios grupos criminales rondan las calles entregando volantes y contactan a las comunidades a través de WhatsApp para establecer toques de queda extraoficiales, además de restricciones a la movilidad de la gente, automóviles y embarcaciones.
Pero el dominio no solo llega a los particulares: las restricciones para frenar el Covid-19 también obligan a los dueños de establecimientos a abrir y cerrar en horas específicas, y se han impuesto prohibiciones de acceso a comunidades para personas extranjeras o de otras comunidades.
Uno de los panfletos repartidos a la población por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la ciudad de Bolívar advierte que únicamente pueden estar trabajando los empleados de las tiendas de alimentos, panaderías y farmacias, por lo que el resto de la población debe permanecer en cuarentena o de lo contrario los miembros del cártel estarán “forzados a matar personas para preservar vidas”.
La imposición de medidas sanitarias por parte del crimen organizado ha provocado que familias de las zonas más necesitadas del país, como en Tumaco, no puedan vender sus mercancías en la calle o que solo puedan hacerlo hasta las 5:00 de la tarde, pese a que el gobierno lo permite siempre y cuando se eviten los amontonamientos, por lo que no cuentan con los recursos para subsistir.
Para José Miguel Vivanco, director de HRW en las Américas, “este control social abusivo refleja el fracaso de larga data del gobierno para establecer una presencia estatal significativa en áreas remotas del país, incluso para proteger a las poblaciones en riesgo”.
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cárteles colombianos
Vivanco señala que los “castigos draconianos” impuestos por grupos armados para prevenir el esparcimiento del coronavirus crea el riesgo para los habitantes de comunidades remotas de ser asesinados si salen de sus casas, por lo que la obligación del gobierno debe ser garantizarles el acceso al agua y comida y cuidar su salud de los efectos de la enfermedad.
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