Las audiencias en el caso de García Cabeza de Vaca serán públicas

Al iniciar el periodo para el ofrecimiento de pruebas contra García Cabeza de Vaca, los diputados acordaron recibir pruebas testimoniales.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados inició ayer el periodo para el ofrecimiento de pruebas en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuyas audiencias serán públicas.

Proceso de desafuero de García Cabeza de Vaca

A través de un comunicado señalan que el viernes por la noche, los integrantes de la Sección Instructora acordaron recibir pruebas testimoniales con la debida antelación para que se programen para su desahogo, como en cualquier audiencia.

- Tras el anuncio de que las sesiones en el caso del juicio de procedencia de García Cabeza de Vaca, el vocero del mandatario de Tamaulipas, Javier Lozano, vocero del gobernador de Tamaulipas, acusó que se viola el debido proceso, pues la sección no es juez ni el desafuero es un juicio, y que se está haciendo un linchamiento mediático contra García.

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“El efecto corruptor se hace presente. Violan el debido proceso. La Sección Instructora no es juez ni el desafuero es juicio. A falta de sustancia, linchamiento mediático vs Francisco García Cabeza de Vaca, en la víspera del proceso electoral. Caja china para esconder que un violador si será Gobernador”, escribió Lozano en sus redes sociales.

- En esta sesión, los diputados también recibieron la respuesta del mandatario sobre las acusaciones en su contra, las cuales, afirmó, son falsas.

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El pasado 24 de febrero, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de la Moneda, adscrita a la Fiscalía General de la República, solicitó el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca y lo acusó de tres delitos: delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita, así como defraudación fiscal equiparada.

En una tarjeta informativa se describe que hace unos meses particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos.

Derivado de esto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación, en la que pudieron acreditar que, entre abril y diciembre de 2019, se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada, la cual no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones.

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