Lupita Jones candidata a la gubernatura de BC, denunció al mandatario estatal por lavado de dinero; habría triangulado 278 mdp
En el marco del proceso electoral 2021, la candidata a la gubernatura de Baja California por la coalición del PRI-PAN-PRD, Lupita Jones Garay,denunció al actual mandatario del estado, Jaime Bonilla Valdez por presunto lavado de dinero.
Lupita Jones va contra el gobernador
Jones Garay denunció al actual gobernador ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de dinero, peculado y colusión; la denuncia está relacionada con el cobro de servicios de agua en el estado.
- De acuerdo con el equipo de la campaña de la ex Miss Universo, Lupita Jones Bonilla Valdez habría triangulado 278 millones de pesos para financiar la campaña de Marina del Pilar Ávila, quien es candidata por el partido Movimiento Acción Nacional (Morena), partido al que pertenece Bonilla Valdez.
Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la ex modelo acusó que el actual gobierno estatal contrató a la empresa Fisamex, bajo la razón social Romafan. La candidata de “Va por Baja California” señaló que la empresa cobra al estado el 20% de la recaudación por el derecho de agua a cambio de auditar y calcular adeudos.
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Sobre el tema, Juan Marcos Gutiérrez, integrante del equipo jurídico de la candidata, indicó que Romafan S.A. DE C.V. habría recaudado más de mil millones de pesos para el estado, por lo que recibió 278 millones de pesos.
"A este conjunto de acciones se les considera lavado de dinero y se contempla en el artículo 400 bis del Código Penal Federal", precisó.
Asimismo, explicó que también el mandatario incurrió en el delito de concusión, que es cuando un funcionario cobra una contribución mayor a la estipulada en la ley y peculado, que es el desvío de recursos para un privado.
Después, esta empresa depositó 63.8 millones a Salhec, una constructora creada también en 2020, esta a su vez transfirió 162.4 millones de pesos a Fiscales de Agua, empresa fue creada en septiembre pasado.
- “Es alarmante la forma como estas personas han operado de manera arbitraria, sin justificación, fuera de la ley, y sometiendo al ciudadano a extorsiones e intimidaciones, retirando medidores de agua, por eso la denuncia ante la UIF”, declaró Jones Garay.
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