prisión de máxima seguridad en El Salvador ha implementado una nueva política que requiere que las familias de los reclusos compren paquetes mensuales de alimentos y suministros básicos de la prisión a un costo de 170 dólares (unos 3 mil 125 pesos mexicanos), una medida que ha generado preocupación a sus familiares y organizaciones de derechos humanos.
Anteriormente, las familias podían comprar y entregar sus propios alimentos y suministros a los reclusos, pero ahora deben comprar la comida y elementos como papel higiénico y ropa dentro de la cárcel y no pueden llevar nada de afuera.
Los paquetes contienen varios artículos, incluyendo alimentos, productos de higiene, ropa y artículos de limpieza, pero no se detalla claramente su contenido.
Las familias que no pueden permitirse comprar los paquetes no tienen otra opción que permitir que sus seres queridos pasen sin la alimentación y los suministros adecuados.
Esta nueva política también ha llevado al surgimiento de tiendas institucionales donde las familias depositan cantidades que van desde 5 a 150 dólares (entre 90 y 2 mil 750 pesos mexicanos) al mes para que los reclusos puedan comprar artículos de primera necesidad o pequeños lujos, como una botella de Coca-Cola, a precios inflados.
La Dirección General de Centro Penales de El Salvador, administrada por funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, también está realizando estos cobros obligatorios en al menos dos cárceles más del país (Apanteos e Izalco), argumentando que no permitirán el ingreso de productos provenientes del exterior por motivos de seguridad, y planea extender esto a todas las prisiones del país.
El gobierno de El Salvador ha declarado confidencial toda la información sobre las cárceles y sus políticas de seguridad, lo que ha generado dudas sobre cómo se utilizan los fondos recaudados, que, según investigaciones, podrían ascender hasta los 17 millones de dólares si se implementa a nivel nacional.
La medida ha generado preocupaciones de que las familias de los reclusos estén siendo explotadas por el sistema carcelario y que esta política pueda tener consecuencias negativas para la salud y el bienestar de los reclusos.
El presidente Bukele dictaminó un "estado de excepción", el cual, como se informó en las noticias, fue impuesto hace nueve meses, después de un fin de semana de extrema violencia pandillera en el que más de 70 personas murieron.
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