Comunidades y colectivos rechazan impugnación de diputados contra la Ley Minera

Los colectivos denuncian que la impugnación a la refleja el desinterés de los diputados “por las comunidades y sus territorios y, en los hechos, deja al descubierto su compromiso con los intereses corporativos



controversia constitucional a laLey Minera interpuesta este jueves por diputados de oposición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación () la Colectiva Cambiémosla Ya y la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (ALDEA) lanzaron un rechazo a dicha impugnación pues alegan que sólo buscan defender intereses privados, así como mantener las violaciones a derechos de pueblos y comunidades.

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“Al impugnar la nueva Ley de Minería, se impugnan derechos como la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, que deben ser garantizados porque son obligaciones del marco convencional de los derechos humanos y de la Constitución Mexicana”, apuntan.

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Las comunidades y organizaciones civiles integradas por movimientos, personas académicas, defensoras de la tierra y el territorio acusaron que la impugnación “refleja el desinterés de los diputados promoventes por las comunidades y sus territorios y, en los hechos, deja al descubierto su compromiso con los intereses corporativos.

Entre sus críticas destacaron que las reformas mineras incluyen avances importantes porque obliga a las empresas a realizar consultas públicas en las comunidades donde pretendan obtener una concesión minera.

 Resaltaron la importancia de las reformas de prohibir la minería en zonas con estrés hídrico y en Áreas Naturales Protegidas, así como los trabajos mineros en los fondos marinos.

También recordaron que “elimina el derecho de expropiación de los concesionarios, reduce los tiempos de las concesiones y regula de mejor forma los títulos de concesión para la actividad minera”.

 Con llamado al Poder Judicial, exhortaron a la SCJN “a ponderar los derechos incorporados en esta ley y permitir que se conviertan en realidad en el país.

Desde que las reformas en materia minera fueron enviadas por el titular del Ejecutivo federal causaron controversias por la disminución radical en el lapso de las concesiones.

En su planteamiento inicial el tiempo de las concesiones disminuía de máximo 100 años a 30; no obstante, al pasar en comisiones del Congreso de la Unión se acordó un máximo de 80 añosLa propuesta del presidente López Obrador incluyó modificaciones a la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.

Sin embargo, se mantuvieron planteamientos originales como regular la transmisión de títulos de concesión, agregar causales de cancelación de concesiones mineras, prohibir la minería en Áreas Naturales Protegidas -donde actualmente hay mil 609 concesiones operantes-, entre otros.

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Aunque las reformas se discutieron en comisiones, éstas fueron aprobadas en fast track tanto en San Lázaro como en el Senado de la República y se hicieron vigentes a partir de su publicación en el Casi 10% del territorio nacional está concesionado para explotación minera.

Como ha detallado las noticias, en la actualidad 8.

59 por ciento del territorio nacional sigue concesionado para diversas actividades mineras en 24 mil 066 concesiones distribuidas en 16.

8 millones de hectáreas.

Asimismo, dependencias federales e instituciones académicas han detallado que el impacto ambiental de la minería se traduce en residuos mineros, contaminación del agua, aire y suelo de las comunidades aledañas.

En el informe “Minería en México: panorama social, ambiental y económico”, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), exponen que las empresas mineras han devastado ecosistemas y cuencas hidrológicas, contaminaron el suelo y el aire de regiones enteras, afectaron la diversidad biológica y provocaron severos daños ambientales.

A esto se suma que a pesar de la derrama billonaria que genera la actividad minera en México, sólo 6.

7 por ciento de las empresas dedicadas al ramo minero invierten capital económico para proteger el medio ambiente; y sólo 8 de cada 100 se apegan a la normatividad ambiental.

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