Al presentar el Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas aseguró que todavía se cuentan con indicios de que algunas dependencias federales como el Ejército, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia, pueden contener más información vinculada al caso.
A pregunta expresa de las noticias, el subsecretario respondió:.
“No solamente creemos que puede encontrarse más información, sino que hay instrucción presidencial ratificada el día de hoy a Sedena, Semar y CNI para que se haga toda la búsqueda que tenga que hacerse para seguir encontrando información de estas dependencias”.
Todo esto frente a lo informado por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (), Luis Crescencio Sandoval, quien en una carta dirigida al mandatario federal, aseguró que la dependencia a su cargo ya había entregado toda la información requerida por la Comisión de la Verdad, la Fiscalía General de la República, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como madres y padres de los normalistas.
A diferencia de la “narrativa de hechos de acuerdo con la investigación realizada”, publicada ayer por el Gobierno Federal, en este segundo informe se extiende la responsabilidad a todas las autoridades de la región, de los tres órdenes de gobierno.
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Entre estas autoridades se incluyen las policías municipales de Iguala, Huitzuco, Cocula, Tepecoacuilco, así como policías estatales, ministeriales, federales, elementos del Ejército y la Marina; y funcionarios locales como el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
Asimismo, entre las conclusiones parciales del caso, Encinas Rodríguez remarcó que se desmiente la idea de que alguno de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa tuvieran vínculos con el crimen organizado; que en ningún momento estuvieron juntos y fueron desaparecidos en al menos tres grupos diferentes a manos del cártel Guerreros Unidos, que operó con numerosos elementos y apoyo de las autoridades.
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“El quién, cuándo, cómo y dónde creo que está perfectamente aclarado”, aseguró el subsecretario de DErechos Humanos, Alejandro Encinas, no obstante reconoció que lo que falta en la investigación y a lo que se le dará prioridad es a la búsqueda de los 40 normalistas que faltan y la judicialización de los responsables.
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A nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hay 132 personas recluidas por su participación en los hechos, entre estas, policías, militares, funcionarios y miembros del crimen organizado, Además, existen otras 51 órdenes de aprehensión para pronta ejecución.
Esto incluso a pesar de que personajes involucrados como Tomás Zerón, exdirector de la Agencia Criminal de Investigación en el sexenio peñanietista -quien actualmente se encuentra exiliado en Israel-, así como algunos militares también señalados como responsables, han conseguido amparos para evitar ser mencionados por el gobierno federal respecto a su presunta involucración en el caso Ayotzinapa.
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Este nuevo informe de la Comisión de la Verdad en el que se reitera la responsabilidad de todas las autoridades por su acciones u omisiones al momento de los hechos -incluída la inacción de la Sedena para rescatar a su elemento infiltrado entre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se basa en información documental obtenida de 15 instituciones públicas y de la sociedad civil, que suman 41 mil 497 documentos y testimonios.
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A diferencia del primer informe, presentado en agosto de 2022, en este se omiten las capturas de pantalla de conversaciones textuales vía Whatsapp, debido a que su contenido no puede ser validado o refutado por la empresa que dirige dicha aplicación móvil.
No obstante, Alejandro Encinas aseguró que toda la información contenida en el documento es judicializable, además de que se han incluído declaraciones de 30 Testigos con Identidad Reservada (TIR) y entrevistas a otros 80 involucrados clave.
Además, para la cronología de los hechos, se recuperaron 28 declaraciones de los expedientes de la FGR, 5 documentos de la Sedena, 1 levantamiento de campo, 4 documentos de autoridades federales, 2 documentos del gobierno estatal, 4 informes, 1 recomendación de la CNDH, 84 mil registros de comunicaciones telefónicas y 14 testimonios.
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Ante esto, la investigaciones de la Comisión de la Verdad señalan tres posibles causales de la desaparición de los estudiantes, entre estas, la presunta infiltración de “Los Rojos” -cártel rival de Guerreros Unidos- entre los normaslitas; un escarmiento por parte de autoridades municipales de Iguala; el trasiego de drogas y la eventual presencia de drogas, armas o dinero escondidos en alguno de los autobuses tomados por los estudiantes.
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“La CoVAJ no ha torturado a nadie, no ha sembrado pruebas, no ha alterado escenas del crimen, no ha fabricado culpables”, reviró Alejandro Encinas al reiterar su rechazo a la verdad histórica construida en el sexenio anterior.
El subsecretario calificó dicha versión como una construcción impuesta desde el gobierno federal para cerrar las investigaciones y presentar una resolución del caso.
Además, Encinas recordó que en declaraciones de Tomás Zerón, se da cuenta de que la verdad histórica la construyeron una “Junta de Autoridades” en reuniones realizadas en el Conjunto PResidencial de Los Pinos, en la Zona Militar de Iguala, Guerrero, y en las oficinas de la extinta Procuraduría General de la República.
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En dicha Junta de Autoridades, señaló encinas, participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, desde el expresidente Enrique Peña Nieto, su secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, autoridades municipales, estatales y del Ejército, así como Omar García Harfuch -actual aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México- quien para entonces fungió como coordinador Estatal de la Policía Federal en el estado de Guerrero.
Además, en la versión de la Comisión de la Verdad se refutan las ideas de que los estudiantes normalistas quisieron boicotear el informe de actividades de María de los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del DIF, y esposa del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
se rechaza nuevamente que los 43 estudiantes de Ayotzinapa hubieran sido incinerados en conjunto en el basurero de Cocula, puesto que las condiciones climatológicas resultan contradictorias.
Asimismo, Encinas recalcó que las autoridades responsables no sólo fueron locales, sino que incluyeron a los tres niveles de gobierno.
Además de las contradicciones presentes en la verdad histórica, el subsecretario de Derechos Humanos sentenció que los vacíos narrativos sólo contribuyeron a entorpecer los procesos de búsqueda e investigación del caso.
Asimismo, atajó que la construcción de dicha versión sólo representó una segunda desaparición de los 43 normalistas de AyotzinapaTras reiterar los retos y avances en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Alejandro Encinas hizo evidente que con el reconocimiento de tres estudiantes, todavía faltan 40 normalistas más por encontrar y dejó en claro que hasta el momento no hay indicios de que estén vivos, no obstante, indicó que las acciones de la Comisión se enfocarán en buscar a los demás normalistas.
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“Aún falta encontrar 40 estudiantes, la búsqueda y el trabajo realizado ha brindado paz a otras familias que también buscaban a otros desaparecidos”.
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Por ello, recordó que actualmente están por analizarse dos restos óseos encontrados en el Paraje Las Cuevillas; y otros restos encontrados en el Paraje La Sierpe.
Además, señaló que continuarán los trabajos de identificación genética, así como la continuación de análisis de testimonios y documentos.
Además, adelantó que se reforzarán las 35 carpetas de investigación así como las 48 averiguaciones previas que han dado como resultado a las 132 personas detenidas a la fecha.
A esto se sumará la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con su intervención en las solicitudes de extradición de Tomás N, Abraham N y ulises N; entre otras accionesEncinas recordó que en todo este proceso, la participación de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa ha sido fundamental por su participación, lucha, resistencia y organización, porque su trabajo ha ayudado a visibilizar y dignificar la desaparición de sus hijos.
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“Refrendamos el compromiso del gobierno de México para continuar las investigaciones y dar con el paradero de los estudiantes, utilizando todos los instrumentos del Estado y haciendo lo humanamente posible para alcanzarlo”, concluyó.
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