Tal como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este martes, el Gobierno Federal presentó un nuevo informe de su narrativa sobre los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas y se suscitaron al menos seis homicidios más.
En la narrativa sustentada por la Cuarta Transformación se enfatiza casi en su totalidad la responsabilidad de las policías municipales, principalmente de Iguala, Huitzuco y Cocula, por sus nexos con el crimen organizado, con rostro en el cártel Guerreros Unidos.
Este informe fue cuestionado por el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales y los mismos padres, quienes señalaron que se retoma la idea de criminalización a los estudiantes.
A diferencia del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, publicado en agosto de 2022, donde se reconoce que “históricamente los estudiantes de la Normal han adoptado posturas de confrontación contra las autoridades de gobierno y promueven actividades de presión para la solución de sus demandas”, en la narrativa actual se agrega que esto genera que sean sujetos de seguimiento por parte de autoridades municipales, estatales y federales.
Dentro del documento se detalla también que Bernardo Flores Alcaraz, alias “El Cochiloco”, uno de los 43 normalistas desaparecidos es primo de “El Takia”, a quien se le ligaba con el cártel “Los Rojos”, principal adversario de Guerreros Unidos.
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Esto se suma que en 2022 la Comisión de la Verdad señaló en su documento que todas las autoridades de los tres niveles de gobierno estaban enteradas de los hechos, incluyendo a las policías municipal, estatal y federal, al gobierno de Guerrero, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo cual las hace responsables por acción, omisión o negligenciaEn el mismo informe -de 2022- se agrega además que Julio César López Patolzin, uno de los 43 normalistas desaparecidos era un militar activo de la Sedena infiltrado en las actividades de los estudiantes y que, a raíz de su desaparición, el Ejército debió implementar acciones inmediatas de búsqueda y rescate de su efectivo.
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Sin embargo, en la narrativa presentada este martes, se expone con detalles el modus operandi en que las policías municipales entregaron a los estudiantes a Guerreros Unidos y sólo se menciona la participación de José Martinez Crespo, capitán del 27 Batallón de Infantería como participante en la captura y entrega de algunos estudiantes.
No obstante, no se refiere mayor participación del Ejército, policías estatales, federales o ministeriales como sí ocurre en el informe de 2022.
Para el año pasado, la Comisión de la Verdad también evidenció que entre los más de 17 mil documentos entregados por la Sedena para la investigación del caso se incluyen intervenciones telefónicas de conversaciones entre policías municipales y Guerreros Unidos; obtenidos mediante el software de espionaje Pegasus.
A pesar de esto, no se da seguimiento a las acciones que tomó la secretaría para detener los incidentes o recuperar a su elemento infiltrado y desaparecido entre los estudiantes.
En contraste a los hechos presentados en esta nueva narrativa, en su VI y último informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), señaló numerosos detalles sobre el seguimiento que llevó el 27 Batallón de Infantería a través de cámaras de seguridad e intervención de comunicación.
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De la misma forma, el GIEI acredita la amplia participación de policías estatales y federales, mientras que a la Fotogalería: 9 años sin los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Aunque durante los últimos meses el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), denunció un bloqueo de información por parte de la Sedena, el titular de la dependencia Luis Crescencio Sandoval alegó en una carta dirigida al presidente, que desde el 4 de diciembre de 2018, el Ejército ha entregado toda la información disponible requerida por quienes se han dedicado a investigar el caso.
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“Se ha dado la máxima apertura a la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA-FGR), a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como a las madres y padres de los normalistas”, señaló en la misiva.
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De acuerdo con Sandoval González la Sedena ha entregado un total de 18 mil 845 hojas -impresas y digitales- solicitados por los propios integrantes de la CoVAJ, GIEI y UEILCA-FGR.
Entre otros aspectos, el secretario destacó que el Ejército ha facilitado la comparecencia ante la FGR de 51 militares, además de participar en 96 planes de búsqueda en diferentes lugares; y que la Sedena ha participado en 17 reuniones de trabajo con la Comisión de la Verdad y el GIEI, así como con madres y padres de los estudiantes normalistas desaparecidos.
Sin embargo, al concluir su carta al presidente, Luis Crescencio Sandoval, corroboró la denuncia que hizo el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, en la última reunión que sostuvieron en Palacio Nacional, debido a que el titular de la Sedena remarcó que en caso de que se requieran más información, se debe consultar a Gildardo López Astudillo, señalado como orquestador y uno de los principales autores materiales de la desaparición de los estudiantes.
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Ante esto, integrantes de la Comisión de la verdad y el impulso a la justicia de violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990Carlos A.
Pérez Ricart, quienes también han denunciado el Twitter para mantenerte informado.
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