Cámara de Diputados aprobará un que modifica varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF) y pone en peligro la existencia de 13 de los 14 fideicomisos que respaldan a esta instituciónSuprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un comunicado donde asegura que los fideicomisos no son exclusivos de los 11 ministros de la Corte ni de los jubilados.
Ante quejas de parte de legisladores morenistas y de la que aseguran que los fideicomisos del PJF fungen como “guardaditos” de ministros en funciones y jubilados, la Corte advierte que:.
“Ni uno solo de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación (PJF) está relacionado con gastos de ministras y ministros.
Mucho menos se destinan para aspectos que tengan que ver con cuestiones personales”.
En el seno del Poder Judicial de la Federación (PJF) de México, una serie de fideicomisos desempeñan un papel fundamental en el respaldo a sus servidores públicos y en el desarrollo de infraestructura jurídica.
Estos instrumentos financieros, señala la SCJN, son para cumplir con obligaciones laborales y sociales adquiridas por los trabajadores del PJF, asegurando la atención en situaciones críticas y el fomento de la justicia federal en el país.
De acuerdo con la SCJN, la posible extinción de estos fideicomisos no solo tiene un impacto financiero en el Poder Judicial de la Federación, sino que también plantea desafíos en términos de cumplimiento de diversas obligaciones patronales en relación a los derechos laborales adquiridos por los empleados de la institución.
Mientras se lleva a cabo la discusión sobre los fideicomisos del PJF, la Corte advierte la necesidad de comprender la verdadera naturaleza de estos instrumentos financieros.
Según el órgano judicial, los fideicomisos desempeñan un papel “crucial” en la gestión de recursos y en la garantía de la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, elementos fundamentales para la democracia y la justicia en el país.
Los fideicomisos, aseguran, representan un mecanismo transparente y seguro para administrar fondos destinados a áreas específicas, como la capacitación de jueces, el mantenimiento de infraestructuras judiciales y la garantía de derechos laborales de los empleados del PJF.
La extinción de estos fideicomisos podría tener un impacto negativo en la operatividad y la calidad de la justicia en México.
Si bien el dictamen que extingue dichos fideicomisos ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, es importante destacar que este proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el dictamen debe pasar por el Senado de la República antes de ser ratificado.
Ante ello, advierte la Corte, es crucial que se tomen en cuenta todas las perspectivas y se busque un equilibrio que garantice la autonomía del Poder Judicial de la Federación y, al mismo tiempo, fomente la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
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El destino de los fideicomisos del PJF y su influencia en el sistema de justicia mexicano están en juego, y el proceso debe ser supervisado con atención por todos los ciudadanos.
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