Senado de la República eliminó del orden del día la discusión sobre la nueva Ley General de Población en la que se propone la creación de una Clave Única de Registro de Población (CURP) con fotografía y huellas dactilares para que dicho documento funcione como identificación oficial y cédula de identidad de las personas.
Fue apenas la semana pasada cuando las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen de esta legislación para promover la actualización de la CURP con datos como nombre, lugar y fecha de nacimiento, foto, firma y huelas digitalesEn la nueva iniciativa Ley se contempla además un Consejo Nacional de Población, presidido por la Secretaría de Gobernación (Segob), con la integración de otras doce secretarías de Estado y ochos institutos nacionales.
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Aunque la discusión de esta ley y en su caso aprobación en el Pleno del Senado estaba prevista para este martes, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Eduardo Ramírez explicó que se pospondrá el debate para acotar detalles y evitar futuras impugnacionesRamírez Aguilar rechazó que la creación de una nueva cédula de identidad contemplada en la actualización de la CURP no representa brindar mayores atribuciones a la Segob, dependencia federal que resguardaría los datos.
“Es una facultad que debe tener la Secretaría de Gobernación, de tener la identidad de cada uno de nosotrosEl senador morenista aclaró que dicha identificación sería completamente diferente a la credencial de elector que emite el Instituto Nacional Electoral (INE), porque mientras una sirve para votar y seguirá siendo regulada por el organismo electoral, la nueva cédula de identidad sólo será una nueva identificación con datos al resguardo del Estado.
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Ante medios de comunicación, el líder morenista en el Senado, Eduardo Ramírez recordó que la Cámara Alta sí ha cumplido con el desahogo de algunos nombramientos pendientes como los del INAI, sin embargo, aclaró que fue el Ejecutivo federal quien vetó las designaciones.
Además, desglosó que posteriormente se votó en el Pleno el nombramiento de un tercer comisionado sin conseguir la mayoría calificada.
Con este precedente, Ramírez Aguilar señaló que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establece un plazo límite al 15 de diciembre -antes de concluir el periodo ordinario de sesiones- para someter a votación los nombramientos pendientes del INAI, se cumplirá a cabalidad, pero adelantó que el punto nodal será obtener la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del Pleno.
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“Nosotros respetamos ese proceso, pero aquí le decimos a la Corte que en el Senado tenemos una autonomía plena y tenemos una discusión amplia dentro del grupo parlamentario (de Morena).
Aquí hay posiciones al interior que no coinciden; hay quienes nos han manifestado que los órganos autónomos fueron cuotas de poder que le sirvieron a la oposición para legitimar su actuación”.
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A pesar de estas diferencias al interior de la bancada guinda, el chiapaneco refrendó su compromiso en la búsqueda de construir acuerdos, pero reiteró que “ cumpliremos con la parte del resolutivo, pero lo que no se garantiza es la mayoría calificada, esa es facultad exclusiva del Senado de la República”.
A esto, se suma que, para el procedimiento de los nombramientos del INAI, se lanzará una nueva convocatoria con nuevos perfiles “independientes y neutrales”Para el caso de los nombramientos de la Sala Especializada del Tribunal Electoral, la bancada morenista decidió no acompañar ninguna de las propuestas remitidas desde la Suprema Corte “porque vienen de una ponencia, prácticamente de una oficina (del magistrado Felipe de la Mata) vienen tres; y hemos tomado una definición clara en que no vamos a acompañar y vamos a rechazar la propuesta”.
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Además, Ramírez Aguilar detalló que la bancada morenista se suma al llamado del presidente López Obrador para reducir el presupuesto del INAI en un 50 por ciento, porque ya lo han hecho diferentes organismos públicos y autónomos.
“Eso sería una buena señal de parte del INAI que se reduzcan 50 por ciento del presupuesto que les asigna la Cámara de Diputados”.
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