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López Obrador bate récord de violencia pero comienza a amainar

Pese a la disminución de asesinatos que se observa en las estadísticas oficiales desde el año pasado, estará lejos de entregar un país en paz a su sucesor o sucesora

López Obrador rompe récord de violencia, pero ésta comienza a ceder

El pasado 1 de junio, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno ya había superado los de homicidios alcanzados en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aunque acotó que esta era consecuencia de “una mala herencia en seguridad”.

De acuerdo con datos del Inegi, la administración de Calderón Hinojosa (2007-2012)—quien dio inicio a la llamada “guerra contra el narco”— cerró con 121 mil 613 asesinatos.

El siguiente gobierno, del priista Enrique Peña Nieto (2013-2018), terminó con 157 mil 158 homicidios.

En el caso del gobierno de la llamada 4T, a la fecha ya contabiliza más de 172 mil homicidios, faltando aún un año para que concluya la administración, indican cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

También es cierto que este récord de asesinatos en el actual gobierno se debió a que los primeros años de la 4T la violencia (medida por homicidios) continuó en niveles elevados y fue a partir de 2022 que ésta comenzó a ceder.

Pese a la disminución en el número de asesinatos que se observa desde la mitad del sexenio, el presidente estará lejos de entregar un país en paz a su sucesor.

No obstante, sí podrá presumir de algunos avances.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023, la tasa de víctimas de todos los delitos pasó de 28 mil 269 víctimas por cada 100 mil personas a 22 mil 587 entre 2018 y 2022.

Mientras tanto, la tasa de incidencia delictiva bajó de 37 mil 807 delitos por cada 100 mil habitantes a 28 mil 701 en el mismo periodo.

Prácticamente todos los crímenes evaluados en la encuesta —que permite estimar tanto los delitos que se denuncian como los que no se denuncian— disminuyeron: robo, fraude, extorsión y lesiones, entre otros.

Los datos que arroja la Envipe 2023 van en la misma tendencia que arrojan las cifras de delitos denunciados que concentra el SESNSP, con la excepción de que en esta última fuente aumentaron las extorsiones.

Con la caída de la incidencia delictiva, la percepción de seguridad en la población mejoró.

La Envipe indica que en 2018, antes de la llegada de la 4T, 79.

4 por ciento de las personas de 18 años y más se sentían inseguros en su entidad federativa.

El último dato, de 2023, indica que este porcentaje se redujo a 74.

6 por ciento.

Desde su campaña presidencial, López Obrador planteó una forma diferente a la que implementaron sus antecesores para enfrentar el problema de la inseguridad.

Sostenía que la violencia no podía combatirse con violencia y lo mejor era atacar sus causas con programas sociales y reconstruyendo el tejido social, para evitar que los jóvenes siguieran cayendo en las manos del crimen organizado.

Todo lo resumía en una frase: “abrazos, no balazos”.

Aunque ciertamente la administración de AMLO ha desplegado un número importante de programas sociales dirigidos a este sector de la población, estudios recientes sugieren que estos no parecen tener resultado al menos en frenar el reclutamiento de las organizaciones criminales.

Una investigación publicada en la revista Science en septiembre pasado reveló que el narcotráfico era el quinto empleador más grande de México, por encima de empresas como Oxxo, Grupo Salinas, Bimbo, Pemex y Coppel.

Según el trabajo, la “fuerza laboral” del crimen organizado se estimaba en 175 mil personas.

Pese a la promesa de “abrazos, no balazos”, el gobierno de López Obrador llevó la militarización del país a niveles que jamás habrían soñado sus antecesores.

La militarización es un proceso que comenzó hace varias décadas, aunque de forma más notable se vio cuando el expresidente Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles con la excusa de combatir al crimen organizado y restablecer la seguridad.

López Obrador llevó la militarización a otro nivel, entregando a las fuerzas armadas tareas que van más allá de la seguridad nacional y que habían estado en manos de civiles, entre ellas, sus obras de infraestructura más importantes, la distribución de gasolina, el control de puertos y aduanas e incluso la participación de los titulares de la Sedena y la Marina en el Consejo de Ciencia y Tecnología.

Incluso la Guardia Nacional, creada en esta administración para reemplazar a la Policía Federal y concebida en su origen como un cuerpo civil, se conforma en su mayoría por soldados y marinos.

Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) 2023, la Guardia Nacional contaba hasta finales de 2022 con poco más de 104 mil miembros, de los cuales 68.

4 por ciento provenían de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 13.

9 por ciento, de la Secretaría de Marina (Semar).

Se estima que al cierre de 2023 este cuerpo de seguridad alcance los 29 mil integrantes, desplegados en 150 regiones del país.

López Obrador impulsó el año pasado una reforma para traspasar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional al Ejército, ya que actualmente se encuentra a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Aunque Morena y sus aliados avalaron la iniciativa en el Congreso, ésta terminó siendo invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a que la Constitución establece que se trata de una corporación civil.

El mandatario no se rinde en militarizar legalmente esta corporación —ya lo es por la vía de los hechos— y ha prometido que pasando las elecciones federales de 2024 enviará al Congreso una iniciativa para modificar la Carta Magna a fin de que la Guardia Nacional dependa de la Sedena.

El tabasqueño apuesta a que su partido y aliados logren el próximo año la mayoría calificada en el Congreso para que puedan transitar sus reformas constitucionales.

Según las cifras del CNSPF 2023, este cuerpo de seguridad se ha dedicado a detener a más migrantes que a presuntos delincuentes.

Entre 2021 y 2022 sus capturas de presuntos delincuentes se redujeron 59.

9 por ciento, mientras que las de extranjeros se dispararon 432.

5 por ciento.

En el mismo lapso también se desplomaron todos los aseguramientos que hizo la Guardia Nacional de armas y drogas como el fentanilo, sustancia responsable de la epidemia de sobredosis y muertes que azota a los Estados Unidos.

A pesar de las polémicas visitas que ha tenido el presidente de México al municipio de Badiraguato, Sinaloa, su gobierno ha aprehendido a cabecillas importantes del crimen organizado.

La más reciente fue la de “El Nini”, Néstor Isidro Pérez Salas, jefe de seguridad de “Los Chapitos”, capturado en una zona residencial de Culiacán, Sinaloa, a manos del Marina y Guardia Nacional.

Otra detención fue la de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, hijo de Joaquín Guzmán Loera, lograda el 5 de enero de 2023.

Aunque hubo un intento fallido el 17 de octubre de 2019, donde López Obrador dio la orden de liberarlo para no exponer a la población sinaloense, finalmente el hijo del “Chapo” Guzmán fue detenido más de tres años después.

El “Narco de Narcos”, como le llamaban a Rafael Caro Quintero, es otro de los personajes del mundo criminal que fue apresado el 15 de julio de 2022, en la sierra de Sinaloa.

Fue la segunda ocasión en que el capo cayó en manos de la autoridad mexicana, después de estar libre por casi 10 años debido a un error de un Tribunal Colegiado federal.

Erick Valencia Salazar, apodado como “El 85” y quien fuera cofundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), es otro de los peligrosos delincuentes detenidos en la actual administración.

Fue recapturado el 5 de septiembre de 2022, después de que un juez le otorgara su libertad en 2012.

Rosalinda González Valencia, esposa del líder del CJNG, Nemesio Oseguera “El Mencho”, fue arrestada por la Sedena en noviembre de 2021, en el municipio de Zapopan, Jalisco, acusada de narcotráfico, lavado de dinero y operación financiera ilícita de dicho cártel.

El 2 de agosto de 2020, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del cártel de “Santa Rosa de Lima”, fue apresado por personal de la Fiscalía de Justicia de Guanajuato.

Y en el Valle de México, un 28 de mayo de 2019 fueron detenidos Pedro Ramírez Pérez, “El Jamón”, y Jorge Flores Concha, “El Tortas”.

El primero era líder de la “Unión Tepito” y el segundo de la “Anti Unión”, organizaciones criminales que sostuvieron sanguinarias batallas en el centro del país y la capital.



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