El pasado 25 de octubre, el Congreso Local aprobó la licencia de García Sepúlveda.
Sin embargo, la designación de Arturo Salinas, presidente del Tribunal de Justicia, como gobernador interino, generó malestar en Samuel García y su partido.
Esta designación desató la controversia debido a que fue realizada tras una modificación de último minuto en el dictamen.
Además, Salinas, al ser parte del Poder Judicial, se encuentra en conflicto con el artículo 132 de la constitución estatal, que prohíbe a los empleados judiciales asumir funciones gubernamentales.
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La inconformidad de Movimiento Ciudadano se basa en dos aspectos fundamentales.
En primer lugar, la modificación inesperada en el dictamen y, en segundo lugar, la designación de Arturo Salinas, quien al pertenecer al Poder Judicial, enfrenta restricciones constitucionales para ocupar un cargo en el Gobierno.
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La situación se agrava por la posición del que considera la designación como una violación a los procedimientos y normativas, generando tensiones políticas en el estado.
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El malestar en las filas de Movimiento Ciudadano se intensificó al observar que Salinas asumía el cargo en medio de cuestionamientos legales.
La prohibición constitucional establecida en el artículo 132 del estado se convirtió en el punto central de la impugnación presentada por el partido.
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Primero porque fue nombrado tras una modificación en el dictamen de último minuto y segundo, porque es parte del Poder Judicial y el artículo 132 de la constitución del estado le impide a los empleados del Poder Judicial desempeñarse en el Gobierno.
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