Según el monitoreo de Data Cívica, Votar entre Balas, aún no termina el 2023 y ya superó el número de eventos de violencia político - criminal registrados en relación con otros años de 2018 a 2022.
Durante 2021, la organización registró 178 agresiones político electorales, en 2022 el número ascendió a 486 y en lo que va del año se han registrado 529 agresiones acumuladas.
Según el informe Balas de Data Cívica, la violencia política-electoral se refiere a cualquier acto organizado o amenaza por parte de organizaciones criminales que ocurre durante un proceso electoral, desde la fecha de nominación para un cargo político hasta la fecha de las elecciones, para intimidar, dañar físicamente, amedrentar, o eliminar a un actor político.
De 2018 a lo que va de 2023 se han registrado en México mil 564 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.
Tan solo el reporte del mes de noviembre del 2023 se registraron 49 eventos asociados con la violencia criminal electoral a nivel nacional.
De este total, 4 pertenecen al género femenino y 38 al género masculino.
Entre los perfiles de las personas agredidas,un 9.
6 por ciento, tenían una candidatura al momento del ataque.
46.
9 por ciento eran funcionarias públicas y el 7.
9 por ciento eran familiares de personas funcionarias o involucradas en el ámbito político.
Datos de la misma fuente revelan que de 2018 al presente, funcionarios del partido político Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), liderado por Andrés Manuel López Obrador, ha sido blanco de ataques criminales liderando la lista con 281 agresiones.
Le sigue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 146, el Partido Acción Nacional (PAN) con 145, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) con 116 y Movimiento Ciudadano con (MC) con 71 casos.
Tan sólo el mes pasado, 25 funcionarios de Morena fueron agredidos a nivel nacional.
Entre las agresiones se encuentran asesinados, ataques armados y una desaparición.
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En cuanto al informe de Data Cívica, menciona que hasta el 2022, la mayoría de los eventos de violencia criminal electoral ocurren en contra de autoridades locales, el 82 por ciento de las autoridades y el 78 por ciento de los miembros de partidos que fueron atacados tenían un cargo municipal.
En los últimos tres años, el informe revela que los acontecimientos se han concentrado en el bajío y sur del país, independientemente de si hay o no elecciones locales.
Lo que Data Cívica registró es que en algunas entidades la violencia ocurre un año posterior a las elecciones.
La violencia no solo ocurre en los estados o regiones donde hay elecciones, según Data Cívica, la temporalidad de la violencia sí parece estar marcada por el ciclo electoral.
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En prácticamente todos los años observados, excepto 2020, los meses en los que hubo más eventos violentos fueron mayo y junio; los meses en los que ocurren las elecciones.
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Hasta 2023, Guerrero lidera la lista de estados con más ataques; 10.
7 por ciento ocurrieron ahí.
En la lista siguen Veracruz, Guanajuato y Oaxaca.
Estos cuatro estados representan el 38.
2 por ciento de los eventos violentos registrados.
En cuanto a los municipios, Tijuana lidera la lista con más ataques, seguido de Celaya, Chilpancingo de los Bravo y Coyuca de Benítez.
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En el marco del Día Internacional para eliminación de la Violencia contra las Mujeres el pasado 25 de noviembre, Data Cívica se dio a la tarea de registrar las muertes violentas de mujeres en relación a sus aspiraciones o cargos políticos.
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Desde 2018 y hasta noviembre de 2023, la organización ha registrado 46 mujeres que se desempeñaban en la política y que fueron asesinadas presuntamente por grupos de la delincuencia organizada, esto sin contar a las mujeres dentro del ámbito de la seguridad pública.
Además, se contabilizaron 16 mujeres que fueron asesinadas por ser familiares (madres, hijas y esposas) de una persona que se desempeñaba en el ámbito político.
“ Esto es un reflejo del uso del cuerpo de las mujeres como venganza o medios para enviar mensajes por parte de los grupos del crimen organizado” apuntó el informe quincenal del mes de noviembre.
De las 46 mujeres asesinadas por razones políticas por parte de grupos de la delincuencia organizada, 13 eran autoridades a nivel municipal (alcaldesas, regidoras, síndicas), 2 diputadas, 15 candidatas a un puesto de elección popular, 9 funcionarias (como Subdirectoras de tránsito y vialidad municipal, Titular de la Unidad del Combate al Secuestro, Directora de salud municipal, Coordinadora de la Secretaría de Seguridad Pública, etc.
), y 7 mujeres militantes de partido.
Un ejemplo reciente fue el asesinato de la diputada Gabriela Marín en Morelos.
Su caso fue procesado como feminicidio pero hasta el momento no hay ningún detenido o una investigación contundente sobre su caso.
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