Ante la medida cautelar otorgada por el ministro Javier Laynez, en contra del decreto legislativo que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial, la Consejería Jurídica de la Presidencia ha presentado un recurso de reclamación ante la Suprema Corte.
La Consejería emitió un comunicado oficial exhortando al máximo tribunal del país a cumplir con la promesa de la presidenta, , de destinar los recursos de los fideicomisos a las labores de reconstrucción en Acapulco.
Según el comunicado, el Ejecutivo Federal presentó el recurso de reclamación argumentando que Laynez reconoce que el decreto impugnado contempla medidas para proteger los derechos laborales.
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La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal enfatizó que interpuso ante la SCJN este recurso de reclamación en contra de la medida cautelar otorgada de manera “”.
La Consejería lamentó que, a pesar de las objeciones públicas previas de Laynez hacia la reforma del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se haya excusado de conocer las acciones de inconstitucionalidad.
Para la Consejería, la suspensión de los efectos del decreto impugnado fue , dado que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no debería conducir a la suspensión de la norma cuestionada, según lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución.
Se argumenta que la afirmación del ministro instructor sobre un posible daño irreparable al acceso a la justicia es falsa, ya que la función jurisdiccional está respaldada por el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados.
La Consejería también cuestiona la afirmación de Laynez de que los fondos de los fideicomisos son indispensables para garantizar la justicia, citando la solicitud previa de la ministra presidenta para considerar el destino de estos recursos para la población afectada en Acapulco.
Finalmente, se señala que desde 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha argumentado que los fideicomisos del PJF no cumplen con los principios de austeridad y racionalidad, ya que hay una acumulación injustificada de recursos públicos, considerando que las prestaciones laborales están aseguradas con recursos del presupuesto.
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