Pese a las advertencias sobre un posible desacato, regresará a los actos públicos como Gobernador de Nuevo León.
Samuel García, sumido en una incertidumbre legal sobre su estatus como gobernador en funciones o si su licencia está vigente, desafiará la controversia este domingo al encabezar un evento público tras su regreso cuestionado al cargo de mandatario en Nuevo León.
En un desafío directo a la situación que lo coloca en una especie de limbo legal, García se presentará al mediodía para dar inicio a la reconstrucción de un puente vehicular en la carretera Colombia.
Este paso, a pesar del inminente riesgo de ser considerado en desacato debido a que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como el Congreso local respaldan a Luis Enrique Orozco como gobernador interino.
Las advertencias sobre este escenario no se han hecho esperar.
Mauro Guerra, presidente del Congreso y miembro del PAN, ha señalado el posible desacato por parte de García al regresar al cargo cuando su licencia para separarse del mismo sigue vigente, dejando claro que el gobernador interino es Luis OrozcoLa situación se complica aún más con las opiniones de expertos, quienes enfatizan que la publicación oficial que confirma el regreso de García como gobernador constitucional no puede ignorar lo aprobado por el Congreso y ratificado por la Corte.
Según Francisco Burgoa, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, Samuel García se enfrenta a la posibilidad de incurrir en el delito de usurpación de funciones públicas si persiste en tomar responsabilidades de un cargo que, en este momento, no le corresponde.
Burgoa detalló que el delito de usurpación de funciones públicas está contemplado en el artículo 255 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, y subrayó que la licencia otorgada por el Congreso de Nuevo León al gobernador constitucional sigue siendo válida.
Señaló las implicaciones legales de esta acción, mencionando que el delito conlleva una penalidad que puede ir desde un mes hasta tres años de cárcel, así como una multa de una a diez cuotas, según el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
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