El abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, Francisco Burgoa, ha alertado sobre las posibles consecuencias legales para Samuel García en caso de insistir en asumir funciones de un cargo público para el cual no está habilitado en este momento.
Detallando que el delito de usurpación de funciones públicas está contemplado en el artículo 255 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, Burgoa subrayó que la licencia otorgada por el Congreso de Nuevo León al gobernador constitucional sigue siendo válida.
“Si el gobernador constitucional con licencia, Samuel García, insiste en asumir funciones de un cargo público que no tiene y menos la calidad de servidor público, de entrada, cometería el delito de usurpación de funciones públicas previsto en el artículo 255 del Código Penal para el Estado de Nuevo León”, enfatizó el especialista.
Además, señaló las implicaciones legales de esta acción, mencionando que el delito de usurpación de funciones públicas conlleva una penalidad que puede ir desde un mes hasta tres años de cárcel, así como una multa de una a diez cuotas, según el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
Burgoa también hizo hincapié en que esta acción de García implicaría una violación a la suspensión concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las controversias constitucionales.
En vista de la designación por parte del Congreso de Nuevo León de Luis Enrique Orozco Suárez como Gobernador Interino, el experto enfatizó la importancia de permitir una efectiva toma de posesión del ciudadano nombrado como Gobernador Interino para garantizar la gobernabilidad y seguridad durante el periodo de la licencia.
En este sentido, advirtió sobre las consecuencias legales para aquellos servidores públicos que desobedezcan la suspensión y respalden a García en asumir el cargo de gobernador, señalando que podrían ser separados definitivamente de sus cargos y enfrentar acusaciones por abuso de autoridad.
Finalmente, Burgoa hizo un llamado a las autoridades de Nuevo León para que se abstengan de realizar cualquier nueva designación o nombramiento sobre la titularidad del Poder Ejecutivo hasta que se resuelva definitivamente la controversia constitucional.
“Si los servidores públicos de Nuevo León no quieren tener problemas administrativos y jurídicos deberían ignorar a Samuel García hasta en tanto el Congreso o el Poder Judicial no diga lo contrario”, concluyó el experto en sus redes sociales.
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