El fiscal general de , Ken Paxton, emitió una directa, anunciando la posibilidad de procesar a hospitales y médicos involucrados en la realización de un aborto a una mujer embarazada de 20 semanas, a pesar de que una corte le otorgó permiso debido a razones médicas excepcionales.
Tras una decisión judicial que favoreció a Kate Cox, permitiéndole abortar por razones médicas dentro de las estrictas leyes de prohibición del aborto en Texas, Paxton declaró su intención de procesar a los profesionales médicos.
Este caso, defendido por Cox, se basaba en la inviabilidad del embarazo y los riesgos para su salud y fertilidad, a pesar de su deseo de tener al bebé, es por ello que se le permitió abortar pese a la prohibición en Texas.
La jueza del condado de Travis, Maya Guerra Gamble, reconoció la excepcionalidad del caso de Cox y emitió una orden que, en teoría, protegería al médico y a cualquier otra parte involucrada en el procedimiento.
Sin embargo, Paxton enfatizó que esta orden no exime de responsabilidad legal a hospitales, médicos u otros involucrados en la violación de las leyes antiaborto de Texas.
En una carta dirigida a tres hospitales de Houston, donde se planeaba realizar el aborto, advirtió sobre las implicaciones legales, tanto civiles como penales, para quienes permitan el procedimiento.
El fiscal señaló la importancia de comprender las repercusiones a largo plazo para las instituciones y los médicos en caso de llevar a cabo el aborto.
Esta situación crea un dilema ético y legal, destacando la tensión entre los derechos individuales, las decisiones médicas y las restricciones legales en materia de aborto en el estado de Texas.
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