La Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado de Nuevo León se reunió para abordar la posible sanción a Manuel González Flores, ex Secretario General de Gobierno, y al exgobernador, Jaime Rodríguez Calderón.
Se investiga el uso de recursos públicos y personal estatal en la recolección de firmas para el registro de Rodríguez como candidato independiente en elecciones presidenciales pasadas.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que 572 empleados estatales recabaron "broncofirmas" en horario laboral, desviándolos de sus responsabilidades diarias.
La diputada Sandra Pámanes Ortiz, de Movimiento Ciudadano, propuso la inhabilitación por seis años, siguiendo la resolución del Trife, con un plazo de tres días para llevar a cabo la sanción.
Amparo Lilia Olivares, encargada de otra comisión, aseguró que analizarán detenidamente la resolución, sin establecer una fecha para revisar nuevamente el tema.
Se descarta protección al exgobernador, pero no se establece un plazo definitivo para la sanción a Rodríguez Calderón.
Sandra Pámanes Ortiz subraya la suspensión del cargo y destitución como opciones, aunque la inhabilitación es la más viable, según la resolución del Trife.
Menciona la sanción de hasta seis años para Rodríguez Calderón y Manuel González, con la consideración de aplicarla hasta el final de sus respectivos cargos.
Amparo Lilia Olivares, al frente de otra comisión, anuncia una revisión meticulosa de la resolución sin fijar una fecha para el próximo análisis.
Niega protección al exgobernador, pero tampoco establece un plazo concreto para la sanción.
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Pámanes Ortiz advierte que, en caso de no acatar la resolución del Trife en el plazo indicado, podrían incurrir en desacato, sujeto a posibles sanciones para los legisladores.
La falta de una fecha definitiva para la sanción a Rodríguez Calderón no implica protección, según la diputada.
La resolución sobre las 'broncofirmas' de Jaime Rodríguez y Manuel González sigue en proceso de análisis en el Congreso de Nuevo León, destacando la necesidad de cumplir con la resolución del Trife en un tiempo razonable para evitar posibles consecuencias legales.
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