La acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de oposición contra la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 ha sido admitida a trámite por la Suprema Corte de Justicia de la NaciónEl ministro encargado de llevar el caso es Luis María Aguilar Morales, quien tomó a su cargo la ponencia del asunto el pasado 2 de enero.
El acuerdo correspondiente, identificado como la acción de inconstitucionalidad 225/2023, fue publicado por la SCJN el 19 de enero.
Al menos el 33% de los miembros del Senado de la República impugnaron la Ley de Ingresos 2024, solicitando que se declare su invalidez debido a su inconstitucionalidad.
En la madrugada del 20 de octubre de 2023, la coalición conformada por y sus aliados ejerció su mayoría para aprobar tanto en lo general como en lo particular la Ley de Ingresos 2024.
Esta ley, contempló una cifra récord de deuda cercana a los 2 billones de pesos, también introdujo una reducción del 3% en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en comparación con el año anterior, así como beneficios fiscales para empresas estatales clave, entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El siguiente paso se dio el 26 de octubre de 2023, cuando el Senado aprobó los términos de la deuda, respaldando el documento que proyecta ingresos por 9 billones 66 mil 45.
8 millones de pesos para el año 2024.
En términos generales, la Ley de Ingresos establece ingresos totales por 9 billones 66 mil 45.
8 millones de pesos, con un endeudamiento interno neto de un billón 990 mil millones de pesos.
Esto resulta en una deuda total del sector público que alcanzará el 48.
8% del producto interno bruto (PIB), junto con un techo de endeudamiento externo neto de 18 mil millones de dólares.
La aprobación de la ley no estuvo exenta de controversia, ya que los partidos Acción Nacional,Revolucionario Institucionalde la Revolución DemocráticaMovimiento Ciudadano votaron en contra de las modificaciones propuestas por Morena y sus aliados.
Como respuesta a ello, presentaron la acción de inconstitucionalidad que ahora está en manos de la SCJN.
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