Diputados buscan negar licencias de armas a quienes cometen delitos contra mujeres

Reyna Ascencio Ortega enfatizó que el debe evitar otorgar armas de fuego a individuos con antecedentes por delitos violentos contra mujeres.



Advirtiendo la peligrosidad de combinar un arma de fuego con individuos violentos, la diputada de Morena, Reyna Ascencio Ortega, presentó una propuesta para reformar los requisitos de expedición de licencias de portación de armas de fuego.

La propuesta sugiere que las licencias de portación de armas de fuego no sean otorgadas a individuos con condenas por delitos violentos contra mujeres, niñas y niños, dado el riesgo potencial que representa encontrarse con personas con ese historial.

También apuntó que el Estado debe garantizar que este tipo de instrumentos no estén disponibles para los agresores de mujeres, ya que un arma de fuego potencializa el daño y agresión que se pueden ejercer en contra de una mujer.

La legisladora enfatizó que el acceso a armas de fuego contribuye al incremento de la violencia y los crímenes contra las mujeres, citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que señalan que en seis de cada diez feminicidios se utiliza un arma de fuego.

Asimismo, señaló un preocupante aumento en la incidencia de feminicidios perpetrados con armas de fuego, pasando del 30% a principios de la década de los 2000 al 54.

3% en 2010, según sus declaraciones basadas en estudios especializados.

La diputada también mencionó cifras alarmantes de mujeres que han denunciado ser amenazadas o agredidas por sus parejas con armas de fuego, subrayando la necesidad de medidas que eviten el acceso de agresores a este tipo de instrumentos.

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos detalla las condiciones y requisitos para la portación de armas, de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución Política federal.

Según esta ley, los ciudadanos pueden poseer armas en sus domicilios únicamente para su seguridad y defensa personal.

Sin embargo, existe una excepción que prohíbe a los ciudadanos poseer armas destinadas exclusivamente para el uso de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva.



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