La protección de niños, niñas y adolescentes contra el tráfico ilegal de personas dio un paso importante en el .
La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios aprobó un dictamen que destaca la destitución e inhabilitación para funcionarios públicos involucrados en este delito, además de fortalecer las medidas contra esta práctica.
Legisladores, ante el preocupante aumento de casos de agentes del Instituto Nacional de Migración y funcionarios federales, estatales y municipales en redes de tráfico de personas, subrayaron la importancia de esta reforma.
Actualmente, no existe una sanción específica para este ilícito, señalaron.
El proyecto, que modifica la Ley de Migraciónregular el delito de tráfico ilegal de personas como una sanción administrativa.
Destacaron la necesidad de proteger a niñas, niños y mujeres, que se encuentran en situación de desprotección debido al fenómeno migratorio masivo en el país.
Guadalupe Covarrubias Cervantes, de Morena, resaltó que la incorporación de una agravante para los funcionarios públicos envía un mensaje claro contra la explotación y el abuso en México.
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“Estamos conscientes que el fenómeno migratorio ha presentado un gran desafío en la política de nuestro país, somos testigos de un alto crecimiento de personas migrantes que entran y salen de México con el propósito de buscar una mejor calidad de vida cuyos países no pueden garantizarles”, expresó.
De la misma manera, subrayó que la destitución y la inhabilitación para los funcionarios públicos involucrados en el tráfico ilegal de personas son medidas enérgicas que reflejan el compromiso del Estado con la eliminación de estas prácticas.
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El dictamen establece que, en caso de que el responsable sea un servidor público, se le impondrá la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un período equivalente al de la pena de prisión establecida.
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