Dos policías han sido enviados a prisión preventiva por su presunta implicación en la muerte de Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Este dictamen fue emitido por un juez federal durante una audiencia llevada a cabo en las instalaciones del Poder Judicial Federal en la Zona Diamante de Acapulco.
Los agentes estatales enfrentan cargos de homicidio calificado doloso y tentativa de por los eventos ocurridos la noche del 7 de marzo en el libramiento ChilpancingoAdemás, se espera la cumplimentación de una orden de aprehensión contra un tercer individuo identificado como Daniel ’N’, quien habría sido el responsable de disparar contra el joven normalista, causándole la muerte.
La entrega de los dos policías detenidos fue realizada por la Secretaría de Seguridad Pública del estado a la Fiscalía General de la República (FGR), entidad que asumió el caso.
Este traslado ocurrió la noche del miércoles 13 de marzo, casi una semana después de los lamentables sucesos.
En cuanto a los hechos, se ha desmentido la versión inicial de las autoridades estatales que alegaban que los normalistas dispararon contra los agentes en un punto de revisión.
Investigaciones posteriores demostraron que los jóvenes no portaban armas ni habían consumido drogas o alcohol.
El dictamen pericial confirmó que la causa de la muerte de Yanqui Kothan Gómez Peralta fue un disparo en la cabeza que le provocó hemorragia interna y externa, así como traumatismo craneoencefálico.
“El que se bajó a comprar huyó y a ese no lo identificaron los policías, pero me pregunto: ¿si los estudiantes se negaron a detener o dispararon, a poco le pidieron permiso para ir a comprar cigarros? Pues no”, cuestionó el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Defensas de las Víctimas de la Violencia, quien da acompañamiento a la familia del joven normalista de Ayotzinapa.
Las circunstancias de la tragedia han suscitado indignación entre la comunidad estudiantil de Ayotzinapa, desencadenando protestas violentas para exigir justicia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha intervenido en el caso, solicitando a la FGR que se encargue de la investigación y reconociendo el abuso de autoridad por parte de los policías estatales.
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