Este despliegue de 100 militares responde al alarmante reporte de la desaparición de 17 personas, pertenecientes a cuatro familias, en los municipios de Salinas Victoria y Ciénega de Flores, Nuevo León, quienes se cree que han sido trasladadas a Tamaulipas.
La cuarta Región Militar y la séptima Zona Militar, responsables de la seguridad en Tamaulipas y Nuevo León, respectivamente, han emitido un comunicado conjunto anunciando esta acción estratégica.
Las Unidades de Fuerzas Especiales, procedentes de la Ciudad de México, han sido desplegadas con el objetivo de colaborar en la búsqueda y rescate de los secuestrados.
Como parte de esta operación, se ha intensificado el patrullaje aéreo en la región con la llegada de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional, fortaleciendo así las medidas de seguridad en el área.
A pesar de los informes de medios locales sobre el secuestro de las 17 personas, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha optado por mantener la información bajo reserva, sin confirmar oficialmente los hechos.
Estos eventos se suman a una serie de secuestros masivos que han sacudido al país en semanas recientes, como el ocurrido en Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, donde 66 personas de diversas familias fueron presuntamente secuestradas el pasado 22 de marzo.
Aunque las autoridades estatales anunciaron la localización de 58 de las 66 personas secuestradas en Sinaloa, el secretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Mérida Sánchez, ha señalado la complejidad de la situación, dado que las personas encontradas no han presentado denuncia alguna.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inicialmente atribuyó el secuestro de las 66 personas a un enfrentamiento entre bandas criminales.
Sin embargo, el descubrimiento posterior de la mayoría de las víctimas ha generado incertidumbre sobre la verdadera naturaleza de los eventos.
Este despliegue militar en Tamaulipas subraya el compromiso del gobierno mexicano en garantizar la seguridad de sus ciudadanos frente a la constante amenaza del crimen organizado.
Es un paso enérgico en la lucha contra la delincuencia que, se espera, pueda brindar alivio a las familias afectadas y restablecer la paz en la región.
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