En un fallo reciente, un juez federal dictaminó una sentencia condenatoria de cuatro años de para el doctor anestesiólogo, Gustavo Darwin Aguirre Castro.
profesional de la salud fue encontrado culpable de participar en un delito contra la salud, específicamente, la posesión de morfina, efedrina, y delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), con la intención de suministrar dichas sustancias.
El proceso judicial se llevó a cabo mediante un procedimiento abreviado, en el cual el anestesiólogo y doctor Aguirre Castro admitió su responsabilidad penal.
A pesar de la condena, el juez ha otorgado beneficios sustitutivos de la pena de prisión al condenado.
Estos beneficios incluyen la realización de trabajo a favor de la comunidad y el pago de una multa económica.
La investigación que condujo a este caso se inició después de que el médico fuera vinculado a proceso por posesión de narcóticos con fines de suministro.
La vinculación se llevó a cabo mediante la implementación de la técnica de entrega vigilada en un paquete que llegó al Puerto de Pichilingue, Baja California Sur, y fue detectado por personal de la Secretaría de Marina (Semar).
Aguirre Castro fue señalado de haber adquirido ampolletas de fentanilo sin la previa autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que un ministerio público federal consiguió una orden de cateo en el domicilio de éste.
La ejecución de esta orden contó con la colaboración de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El cateo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la colonia El Tezal, en Cabo San Lucas, Baja California Sur (BCS).
Durante esta acción, se encontraron 27 ampolletas con fentanilo, una con morfina, tres más con efedrina y un frasco con delta-9-tetrahidrocannabinol (THC).
Estos hallazgos proporcionaron al Ministerio Público Federal datos de prueba sustanciales que fueron presentados en una audiencia de procedimiento abreviado, donde el doctor Castro aceptó su responsabilidad penal, llevando así a la imposición de la sentencia condenatoria por parte del juez.
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